Delcy Rodríguez, representante del gobierno venezolano, presentó ante la cumbre climática COP31 celebrada en Antalya, Turquía, un ambicioso plan denominado "Venezuela vive" orientado a coordinar mejor los esfuerzos de protección ambiental en el país. Durante su intervención ante el plenario de la conferencia anual de la ONU sobre el clima, Rodríguez enfatizó que "proteger la naturaleza es proteger la vida" y convocó a actuar conjuntamente para evitar que "la vida se apague". Sin embargo, la funcionaria no proporcionó detalles específicos sobre las medidas concretas que incluiría este plan para lograr sus objetivos de proteger bosques, aguas, océanos y biodiversidad.
Rodríguez aprovechó su participación para destacar que Venezuela enfrenta consecuencias cada vez más visibles del cambio climático, incluyendo la pérdida acelerada de sus glaciares y la llegada del fenómeno del Súper Niño, que podría convertirse en el evento climático más intenso registrado en más de siete décadas. La funcionaria subrayó la responsabilidad generacional que implican las decisiones que se tomen en la presente década, advirtiendo que sus consecuencias serán heredadas por las futuras generaciones de venezolanos.
En su defensa de las políticas ambientales venezolanas, Rodríguez sostuvo que el país apenas aporta el 0,39 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que sus ecosistemas naturales absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emite el territorio nacional. Bajo esta justificación, presentó a Venezuela como un país carbono neutro cuya capacidad natural de absorción supera ampliamente sus emisiones, permitiendo según su argumento una explotación "responsable" de los recursos petroleros sin contradicción con la protección ambiental.
La posición de Rodríguez enfatiza que es posible lograr desarrollo económico mediante la explotación energética mientras se protege simultáneamente el ambiente, rechazando lo que ella denomina una "contradicción inevitable" entre ambos objetivos. Argumentó que una transición justa no apaga las economías sino que las transforma, y que los recursos petroleros representan el motor fundamental para el desarrollo nacional. Esta narrativa, que busca conciliar la expansión de la industria extractiva con compromisos ambientales internacionales, contrasta significativamente con la realidad documentada de actividades de minería ilegal que impactan gravemente los ecosistemas venezolanos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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