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¿Venezuela se deshizo de un dictador… puede deshacerse de una dictadura?

 

Venezuela entra en una transición política bajo presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro

Caracas / Washington, enero de 2026.

Venezuela atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia contemporánea tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026. El hecho marcó un punto de inflexión en el equilibrio de poder del país y abrió una transición política atípica, caracterizada por la influencia directa de Estados Unidos, la reorganización interna del chavismo y una creciente presión internacional en materia de derechos humanos.

Tras la detención del exmandatario, Delcy Rodríguez asumió el control del Ejecutivo en condición de presidenta interina, con el respaldo del aparato institucional que permanece operativo. Desde entonces, su administración ha impulsado ajustes en la cúpula militar, ha iniciado contactos diplomáticos de alto nivel y ha abierto un canal de negociación directa con Washington, con el objetivo declarado de estabilizar la economía y garantizar el suministro petrolero.

Presos políticos y derechos humanos: el principal foco de tensión

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la situación de los presos políticos. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno interino venezolano ha liberado a “muchos presos políticos” y que existe un acuerdo para excarcelar a la mayoría, organizaciones de derechos humanos y voceros de la oposición desmienten estas afirmaciones.

La ONG Foro Penal mantiene el registro más actualizado y señala que, pese a algunas excarcelaciones puntuales, más de 700 personas continúan detenidas por razones políticas. Familiares y activistas denuncian que persisten prácticas de persecución, vigilancia judicial y restricciones a la libertad personal, lo que impide hablar de una liberación plena.

María Corina Machado y el rol de la oposición democrática

Desde Washington, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reiterado que no puede existir una transición democrática real mientras continúe la represión interna. Machado ha sostenido reuniones con altos funcionarios estadounidenses y con el propio Trump, a quien solicitó respaldo para una hoja de ruta que incluya la liberación total de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y el respeto a la soberanía popular expresada en las elecciones de 2024.

Trump, por su parte, ha elogiado públicamente a Machado y ha dejado abierta la posibilidad de incorporarla formalmente en el proceso de transición política, aunque sin desplazar, por ahora, el diálogo directo que mantiene con el gobierno interino en Caracas.

Reconfiguración del chavismo y tensiones internas

En paralelo, figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello han negado la existencia de pactos con Estados Unidos y han advertido que el sistema político sigue “en control”. No obstante, analistas coinciden en que la captura de Maduro provocó una fractura interna entre sectores pragmáticos, dispuestos a negociar para preservar cuotas de poder, y sectores duros que apuestan por mantener la represión como mecanismo de control social.

Algunos voceros oficialistas han llegado incluso a amenazar con procesos penales contra ciudadanos que celebren la caída del antiguo mandatario, lo que refuerza las denuncias de que el sistema represivo permanece activo, aunque con nuevos equilibrios internos.

Un proceso abierto y cargado de incertidumbre

Aunque se han producido las primeras excarcelaciones y se han iniciado conversaciones diplomáticas inéditas en años recientes, la transición venezolana sigue siendo un proceso en construcción. La oposición advierte que, sin garantías plenas de derechos humanos, justicia transicional y elecciones libres, cualquier estabilización será solo administrativa y no democrática.

En este contexto, Venezuela enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre política, la presión internacional y la disputa entre continuidad y cambio, mientras la comunidad internacional observa si esta etapa se traduce en una transición auténtica o en una reconfiguración controlada del poder.

 

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